El nuevo bono social eléctrico llegará a los hogares con rentas de hasta 18.637 euros

Es la cota anual fijada por Energía para familias con dos hijos, mientras que las numerosas, así como los pensionistas, seguirán con el descuento del 25%

El Gobierno ya ha definido sus criterios para determinar qué tipo de familias con problemas económicos pueden acceder al nuevo bono social eléctrico. El Ministerio de Energía había anticipado que la posibilidad de beneficiarse del descuento en la factura de a luz se establecería a través de un baremo de renta. Ayer hizo público el borrador del decreto que regula esta realidad estableciendo una cota máxima de 18.637 euros al año. Una familia que perciba una cuantía mayor no podrá ser considerada como un ‘consumidor vulnerable’, con el consiguiente descuento del 25% en su consumo. Y por debajo podrían hacerlo dependiendo del número de personas que constituyan la unidad familiar. Lo harán dependiendo del criterio de renta que utiliza el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), establecido en 7.455 euros.

A partir de esa referencia, aquellas que no tengan hijos a cargo se acogerán al bono social si sus ingresos anuales no superan los 11.182 euros (1,5 veces el IPREM). Los hogares con un hijo bajo su responsabilidad podrán solicitar la ayuda eléctrica siempre que su renta sea inferior a los 14.910 euros al año (dos veces el Indicador de 2017). Y aquellas con dos descendientes, los más de 18.600 euros que marcan el límite de las 2,5 veces el IPREM. Estos umbrales de renta se verán incrementados en 0,5 veces el índice para las víctimas de violencia de género, del terrorismo y ciudadanos con discapacidad mínima del 33%.

El propio articulado del decreto incorpora un buen número de excepciones que incrementarán este grupo de beneficiarios. El más llamativo es el de las familias numerosas. Todos los hogares con tres o más hijos seguirán disfrutando del descuento en la factura de la luz. En principio, el departamento dirigido por Álvaro Nadal apostaba por excluir a este colectivo en función de la renta que percibieran. Porque se consideraba uno de los ‘coladeros’ de los consumidores, al incluirse familias con rentas muy elevadas sin distinción monetaria alguna.

El cambio de criterio implicará, en cualquier caso, algunas obligaciones de consumo que deberá cumplir este colectivo para acogerse a la rebaja de la factura que hasta ahora disponían sin limitaciones. «No se van a financiar lujos», afirmó ayer el ministro de Energía, Álvaro Nadal. «No se va a poner el bono social para calentar la piscina climatizada, por poner un ejemplo absurdo. Es para niveles de consumo habituales en una familia con ese número de miembros», puntualizó. Aunque todavía se desconoce ese criterio, porque no está incluido en el proyecto.

Sí seguirán beneficiándose los pensionistas, aunque cambian las condiciones. Será necesario que todos los miembros de la familia que perciban ingresos sean pensionistas con prestaciones mínimas. Hasta ahora, sólo al titular del contrato se le exigía esta condición, mientras que el resto de la familia podía disponer de cualquier tipo de ingresos. En este sentido, también se restringe al número de beneficiarios al ligarlo estrictamente a la renta.

Rebaja extrema del 40%

El texto añade otro nuevo grupo de beneficiarios –consumidores vulnerables severos– a los que se les aplicará una rebaja del 40% en la parte de consumo del recibo de la luz, en vez del 25% general. Será para familias que no superen unos umbrales de renta limitados a la mitad de los establecidos para el resto de la población. Es decir, con ingresos de hasta 5.591 euros al año para familias sin hijos;de 7.455 euros para hogares con un hijo;y 9.318 euros con unidades familiares de dos hijos.

También se establece la categoría de consumidores en riesgo de exclusión social, a quienes no se les podrá suspender en ningún caso el suministro eléctrico. Serán quienes se encuentren atendidos por los servicios sociales de los ayuntamientos o las comunidades autónomas.

En su negociación con los grupos de la oposición, el Gobierno también ha llegado al acuerdo de ampliar de dos a cuatro meses el plazo para que, en caso de que se registre un impago del recibo, las eléctrica puedan iniciar la suspensión del suministro. A la obligación actual de realizar dos requerimientos al consumidor por parte de las empresas se une la de informarle sobre el momento de producirse el impago, y después 15 días antes de proceder al corte de la red, si así lo hicieran.

El coste sube a 235 millones

La propuesta supondrá un coste anual de entre 230 y 235 millones de euros, según avanzó ayer el secretario de Estado de Energía, Daniel Navía. El impacto será menor al de los 200 millones que hasta ahora pagaban las eléctricas por este concepto. La diferencia también reside en que ese nuevo importe tendrá que ser sufragado entre todas las comercializadoras y no solo por las firmas con actividad de distribución y generación, después de que el Supremo anulara el anterior sistema.

De los 2,4 millones de titulares que disponen del descuento en la luz saldrán una buena parte de los 1,7 millones que lo hacen por el mero hecho de disponer de un contrato inferior a tres kilovatios, independientemente de sus ingresos. Así se evitará que segundas residencias –el caso más habitual para ese tipo de potencia– se beneficien de estas nuevas medidas de pobreza energética.

elcomercio.es

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