Venezuela, Les Corts y los otros pensionistas

Asopeve- Concentración 4Febrero – Oviedo

El profesor Francisco Espert nació en el carrer Cadis de València un 14 de julio de 1935, emigró a Venezuela siendo niño y ha trabajado toda su vida en ese país como docente, llegando a ser Rector de la Universidad Alejandro de Humboldt de Caracas.

Lilian Lafonte es psiquiatra nacida en Venezuela y, desde que se vino a España para cuidar a su madre nacida en Burriana y su padre de origen francés, pasa parte de su tiempo colaborando con el Comité Ciudadano Anti-Sida de València y atendiendo a diferentes enfermos.

Wilfredo fue funcionario de la administración pública de Venezuela hasta que, hace 20 años, hizo las maletas con su familia para cuidar a los padres de su mujer Violeta, españoles de origen, que vivieron más de cincuenta años en el país andino.

Los tres, al igual que otros miles y miles de mayores venezolanos de vida pero con nacionalidad o vínculos de sangre directos o indirectos con España (alrededor de 200.000 españoles de origen residen actualmente en Venezuela), se han trasladado a València para pasar la última etapa de su vida tras haber estado la mayor parte en Venezuela, país del que les corresponde cobrar su pensión en tanto es allí donde han cotizado por todos sus años de trabajo.

Disfrutar de su jubilación cobrando su pensión era su objetivo, al menos, hasta diciembre de 2015: mes desde el cual ninguno de los miles de jubilados hispano-venezolanos residentes en España está recibiendo ni un euro de su pensión del Gobierno de Venezuela, que añade a la situación de inestabilidad e inseguridad internas el desamparo y el incumplimiento de todas sus obligaciones más elementales con aquellos que durante su vida sí cumplieron y contribuyeron a financiar su sistema público con sus aportaciones a la seguridad social.

Ante esta situación extrema donde, de un día para otro y sin previo aviso, los mayores hispano-venezolanos han pasado de cobrar la pensión a no tener ingresos, este colectivo, en tanto la inmensa mayoría son españoles por nacimiento o sangre o cumplen los requisitos legales de residencia y trabajo, han ido solicitando al Instituto Nacional de la Seguridad Social el reconocimiento y cobro de, al menos, una pensión no contributiva de apenas 430 € mensuales con que subsistir. Mucho se está hablando últimamente de las pensiones y la vergüenza que supone que el Gobierno de Mariano Rajoy apenas las haya subido, pero es que en el caso de los mayores hispano-venezolanos directamente les niega ese derecho que luego los tribunales les reconocen.

Pero, aún en el caso de cumplir todos esos requisitos legales (acreditar que no se tienen otros ingresos y ser nacional o haber trabajado y residido en España), el INSS -dependiente del Gobierno de España- viene negando sistemáticamente o no contestando a las solicitudes de ayuda, obligando a las personas afectadas a acudir a la vía judicial. En esta vía, tribunales de primera y segunda instancia de Asturias, Canarias y Galicia -y, muy pronto, de València– están uno tras otro dando la razón a los solicitantes de esas ayudas de 430 € y obligando al Estado a pagar desde el momento en que se reclamaron por primera vez, en tanto su concesión fue denegada injustificadamente.

Reconociendo como los tribunales les reconocen el derecho a cobrar una ayuda o complemento mínimo por la situación de desamparo en que se encuentran, y ante la vergonzante pasividad y dejadez del gobierno central, los parlamentos regionales de Asturias, Canarias o Galicia (donde la comunidad hispano-venezolana es muy superior a la residente en la Comunidad Valenciana) han respondido a esta situación adoptando diferentes medidas -sea en forma de leyes o líneas presupuestarias de emergencia- que permiten a la comunidad de mayores hispano-venezolanos ver respetado su derecho sin necesidad de acudir a un procedimiento administrativo y luego judicial que se alargue hasta aproximadamente los dos años.

En la Comunitat Valenciana, todos los grupos de Les Corts se han reunido ya, conocen de primera mano, tienen en su poder leyes y sentencias que acreditan lo anterior y han recibido la petición específica de la comunidad hispano-venezolana de instar al Gobierno de España a resolver la situación y, en su defecto, que el Consell de la Generalitat tome cartas en el asunto, estudie la problemática y adopte soluciones reales y efectivas. En manos de la clase política valenciana está hacer oídos sordos y que continúe, camino del tercer año, la situación de desamparo de aquellos a quienes el principio de humanidad -y los tribunales- reconocen su derecho, o mostrar empatía y comprometerse de forma real y efectiva con el drama que, fuera de su país de vida pero dentro de su país de nacimiento o sangre, sufren “los otros pensionistas”: el profesor Espert, Lilian, Wilfredo y el resto de mayores hispano-venezolanos.

revistavenezolana.com

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Web oficial de la Asociación de las y los Pensionistas y Jubilados de Venezuela en Asturias,ASOPEVE-ASTURIAS.

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2 comments on “Venezuela, Les Corts y los otros pensionistas
  1. José Antonio González Rodríguez dice:

    Estimados pensionados de Venezuela.
    Esta es la carta que envié al Defensor del Pueblo y de la que que aún no he recibido contestación.
    En la misma hago recuento de lo sucedido con mi persona (mi esposa está en la misma situación) pero yo al haber trabajado cierto tiempo en España, al regresar hace 5 años de Caracas, el Seguro Social español comenzó a pagarme 393,52 Euros durante casi un año hasta que aumentó la remuneración de Venezuela. Al ocurrir esto, se me suprimió y se comenzó a descontarme el dinero recibido como complemento a mínimos. En la actualidad cobro, desde hace 2 años y tres meses, 24, 59 Euros tiempo que el gobierno venezolano dejó de pagarme mi pensión. La explicación detallada, en el texto que inserto a continuación:

    JOSE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

    PENSION DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA.

    LOS HECHOS:

    – Después de 37 años de residencia en Venezuela, en julio de 2012 regreso a Valencia, España.

    – En diciembre del mismo año recibo el Documento Acreditativo del Derecho a la Asistencia Sanitaria.

    – El 1 de Marzo de 2013 hago la solicitud de Pensión de Jubilación al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, adjuntando tanto mi Vida Laboral en España como mis cotizaciones en Venezuela. Me informan que deben pedir certificación de las mismas al IVSS de Caracas.

    – En fecha 29-04-2014 recibo la resolución donde se me fija una asignación de 393,37 Euros mensual, la cual se compone de: Pensión Básica: 60,82; Complemento a mínimos: 21,80, y Complemento por residencia: 310,60. En dicha resolución se me informa que “el complemento por residencia puede variar en función de las pensiones de Instituciones Extranjeras.” En efecto, a partir de ese momento paso a percibir 393,37 euros mensuales. Mi esposa, María Soledad Rodríguez González, nada

    – En junio de 2015 el Ministerio de Empleo me solicita justificante de la pensión extranjera, lo que hago presentando constancia bancaria de las retribuciones recibidas de Venezuela, que para ese momento era superior a 700,00 euros mensual.

    – El 27-7-2015 recibo una nueva comunicación en el cual se me informa que como en el año 2015 la pensión extranjera supera el límite anual de 7.098,43 euros, no hay derecho a percibir complementos a mínimos, y se debe devolver la cantidad de 2.588,48 euros percibida indebidamente. La prestación a pagar queda establecida así: Pensión: 60,82; Complemento: 8,84, para un total de 69,96 euros mensual, cantidad de la que se descontará la deuda especificada durante 70 meses a razón de 36,98 euros mensual (hasta enero 2021).

    – En mayo de 2016 se me vuelve a solicitar una declaración de ingresos, la cual se hace en forma estimada en base a la última pensión recibida de Venezuela Caracas. No obstante, durante el año 2016 no recibo ninguna pensión, sino solamente la española, de la que se me descuenta la deuda mencionada.

    – El 14/6/2016 se me informa que un complemento de 8,69 euros ha sido cobrado indebidamente del 1/1 al 31/5 de 2016, para un total de 43,45 euros, que me será descontado a razón de 8,58 en cinco meses. El importe real de la pensión será de 61,27, del cual se deducirán las deudas ya mencionadas.

    – El 13 de julio de 2016 recibo un correo del INSS, donde se me comunica que se han puesto en contacto con la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Caracas para exigir a las autoridades venezolanas que se haga efectivo el Artículo 5 del Convenio de Seguridad Social suscrito entre España y Venezuela el 12/5/1988, por el que ambas partes se comprometen a hacer efectivas las pensiones a los beneficiarios que residen en el territorio de la otra parte sin modificación, retención o reducción.

    – Habiendo acudido al INSS nuevamente debido al impago por parte de Venezuela, para ver si es posible volver a percibir el complemento a mínimos , al menos mientras dure esta situación de impago, recibo el 16-12-2016 un oficio donde se me dice textualmente que “dicho impago no permite que la Seguridad Social española asuma el pago del complemento a mínimos por residencia, ya que nuestra normativa regula la concesión del citado complemento teniendo en cuenta las pensiones extranjeras reconocidas y no las abonadas.” El rayado es nuestro.

    Ahora bien, esta situación de impago ha continuado durante todo el año 2017 y lo que va del 2018, por lo cual son ya más de 2 años sin percibir la retribución venezolana. Y me pregunto: ¿Para qué sirven los convenios internacionales si una parte deja de cumplirlos y la otra no exige su acatamiento? ¿Acaso no hay manera alguna de hacerlo? Entiendo que los convenios internacionales tienen fuerza de ley, por lo que habrá algún organismo o tribunal al que acudir, de la misma forma que se hace cuando se violan las leyes.
    Y me inquiero: siendo español, habiendo cotizado y trabajado toda mi vida laboral, existiendo un convenio internacional entre 2 naciones que supuestamente me ampara, ¿tengo menos derechos que si hubiera llegado como inmigrante o refugiado?

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  2. Reblogueó esto en VENEPENSIONADOSy comentado:

    Artículo publicado en Asopeve-Asturias

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