La pensión es un “derecho”: no debe renunciar a la pensión del IVSS


Son muchas las personas que, ante las dificultades para acceder a las ayudas en España como consecuencia de las cuantías teóricas de las pensiones que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales debería estar abonando -pero que no lo hace desde enero de 2016-, se plantean renunciar a la pensión del IVSS .

En ocasiones es un consejo que reciben del personal administrativo que los atiende cuando realizan sus gestiones; al menos, eso es lo que interpretan.

Pero es un error renunciar a la pensión del IVSS. No resuelve nada. Al contrario.

Resumidamente, para los tribunales españoles los complementos a mínimos y las demás prestaciones asistenciales se deben conceder a quien tenga una situación de necesidad si se dan dos condiciones:
1ª Que la persona no haya provocado voluntariamente esa situación de necesidad;
2ª Que la necesidad no sea consecuencia de su propia negligencia.

Así, el que renuncia a la pensión del IVSS estaría provocando voluntariamente su situación de necesidad.
Sin embargo, si el afectado hace todo lo que está en sus manos para cobrar la pensión y pese a ello no la percibe, podrá acceder en España a las ayudas previstas según sus circunstancias personales.

siendo el complemento de mínimos una institución asistencial – artículo 109.3.b).4º de la Ley General de la Seguridad Social -, se debe conceder a quien tenga una situación de necesidad, siempre que, por imperativos de la buena fe – artículo 7 del Código Civil -, esa situación de necesidad no sea provocada de propósito o negligentemente por el beneficiario, y, en el caso de autos, el beneficiario no se ha acreditado que haya actuado de manera negligente en la gestión de cobro de su pensión venezolana, la cual, si no se la han abonado las instituciones venezolanas, es debido a una demora administrativa ajena a la actuación del beneficiario, de ahí, su derecho al complemento a mínimos en los términos y con los efectos legal y reglamentariamente previstos, aunque ello lo es sin perjuicio de, cuando se abone la pensión venezolana, se hagan las regularizaciones oportunas -y, a estos efectos, el beneficiario está obligado a comunicar ese abono a la entidad gestora española-.