Asturias abordará la situación de repatriados de Venezuela sin prestaciones


El Gobierno del Principado y la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela en Asturias (Asopeve-Asturias) abordarán el próximo 13 de marzo, a las 9:30,  en el Paraninfo de la Universidad Laboral en Gijón la situación del colectivo de retornados de ese país que desde hace más de dos años no reciben prestación alguna del Gobierno venezolano.

En el encuentro se analizarán las competencias del Ejecutivo central en relación con las personas retornadas y las reclamaciones vinculadas al pago de pensiones mínimas y prestaciones no contributivas para quienes no perciben ingresos del Estado venezolano.

También se informará sobre las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de Asturias y de las que pueden beneficiarse, como el salario social y las ayudas directas al retorno.

La reunión ha sido anunciada tras las reuniones que hoy ha mantenido el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, con representantes de la Asociación de las y los pensionistas y jubilados de Venezuela en Asturias, (Asopeve-Asturias) y de la Asociación de Emigrantes Españoles y Retornados a Asturias (Aeera).

Según ha informado el Gobierno, Martínez ha reafirmado en esos encuentros el compromiso del Ejecutivo regional con los emigrantes que regresan a Asturias que se plasma, entre otras medidas, en la línea de ayudas al retorno, que en el periodo 2013-2017 benefició a 171 personas por un importe cercano a los 250.000 euros.

El Principado concedió el año pasado ayudas directas a 57 emigrantes retornados y descendientes que fijaron su residencia en la comunidad, a quienes se destinaron 97.500 euros.

Estas subvenciones suponen un aumento del 143,75 por ciento respecto a las aprobadas inicialmente y del 23,40 por ciento en el número de beneficiarios, una subida que se debe, principalmente, a la situación social y económica de Venezuela.

La Consejería de Presidencia había previsto en 2017 que el ritmo de solicitudes mantendría la misma tendencia al alza por lo que incrementó en un 60 por ciento la partida destinada a las ayudas individuales al retorno, y en un 25 por ciento la subvención a Aeera.

Además, el Principado mantiene con esta asociación un convenio de colaboración en materia de atención a personas retornadas dotado con 10.000 euros.

Según los lugares de procedencia de las personas que recibieron las ayudas el año pasado, 36 regresaban de Venezuela, lo que supone que este país concentra el 63% de las subvenciones, y el resto de los beneficiarios volvió de Argentina (1), Brasil (2), Chile (4), EEUU (3), Francia (1), México (5), Perú (1), Siria (2), Sudáfrica (1) y Uruguay (1).

La Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo del Principado ya ha recibido este año 14 solicitudes de ayudas al retorno, en concreto diez desde Venezuela, dos de Chile, una de Perú y una de Francia.

Asturias es, junto a Galicia y Extremadura, una de las tres comunidades autónomas que disponen de una línea de apoyo al retorno para los emigrantes que deciden regresar pero carecen de medios y recursos propios.

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El parlamento de Asturias (España) tratará la situación de los retornados a los que Venezuela no paga su pensión.

 

La Mesa de la Cámara de la Junta General del Principado de Asturias, España, (JGPA) ha acordado esta semana tramitar por el procedimiento de urgencia una proposición no de ley del partido político Foro Asturias que pide adoptar medidas para se abonen las cantidades adeudadas a los perceptores de pensiones venezolanas residentes en España, y que, mientras tanto, perciban el pago del “complemento a mínimos” y puedan acceder a los servicios y sistemas autonómicos de ayudas sociales, incluido el salario social básico (SSB) asturiano.

En la exposición de motivos de la iniciativa, consultada por Europa Press, Foro Asturias explica que desde el mes de enero de 2016 hasta la fecha, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no paga las pensiones a los venezolanos residentes en el exterior, entre los que se encuentran unos 9.000 residentes en España, muchos de ellos emigrantes españoles y asturianos retornados.

“Esta situación, que está perjudicando gravemente la calidad de vida de este colectivo, con muchos de sus miembros sufriendo situaciones de una grave precariedad y exclusión social, implica el incumplimiento por el Gobierno de Venezuela del convenio bilateral”, señalan.

Añaden desde Foro que Venezuela no reconoce oficialmente que haya dejado de pagar esas pensiones, a pesar de que el impago “se puede acreditar documentalmente”. Como el Gobierno venezolano no está autorizando el traslado de prestaciones al extranjero a quienes deciden abandonar el país ante la situación que allí se vive, las personas afectadas constan como perceptores de una pensión venezolana, aunque no la cobren, lo que acarrea “serias dificultades para acceder a los servicios y prestaciones sociales españolas”, argumentan desde Foro.

Por todo ello, instan con su iniciativa al Gobierno asturiano a que, a su vez, requiera al Gobierno de España a que, en aplicación del Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela, de 12 de mayo de 1988, utilice todos los mecanismos exigir las cantidades adeudadas y que, por el momento, los afectados perciban el pago del “complemento a mínimos” hasta que vuelvan a percibir el pago de sus pensiones.

Foro también quiere que el Ejecutivo regional tome medidas. “Que establezca las medidas necesarias para que, mientras persista esta situación, estas personas puedan acceder a los servicios y sistemas autonómicos de ayudas sociales, incluido el Salario Social“, han incluido en la proposición.
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El Gobierno garantiza cobertura sanitaria a los retornados a los que Venezuela no paga la pensión

Así lo asegura en una respuesta escrita a preguntas parlamentarias por escrito del PSOE, Ciudadanos y Foro Asturias (FAC), que exigen además al Ejecutivo que pida explicaciones al gobierno bolivariano y que adopte medidas para paliar la situación de los aproximadamente 4.400 afectados.

En su texto, que recoge Europa Press, el Gobierno asegura que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) se dirigió por escrito en septiembre a su homólogo venezolano, el Instituto de los Seguros Sociales, requiriéndole formalmente el “cumplimiento inmediato” del convenio de seguridad social entre ambos países.

Dicho convenio, firmado en 1988, prevé que ambos países abonen las pensiones que hubieran generado trabajadores del otro país incluso aunque retornen a su nación de procedencia. Sin embargo, desde finales de 2015 el Gobierno de Maduro no cumple con esta obligación de pago, que afecta tanto a españoles retornados como a venezolanos residentes en nuestro país.

CONVENIO ESPECIAL DE ASISTENCIA SANITARIA

La falta de recursos de los afectados que genera esta situación conlleva además la imposibilidad de pagar las cuotas del Convenio Especial de Asistencia Sanitaria que deben suscribir para tener cobertura médica en España, lo que hace que se hayan quedado “inicialmente desprotegidos”.

Sin embargo, el Ejecutivo ‘popular’ asegura que ya se ha informado a los afectados de la derogación de este convenio especial y de los pasos que deben dar para seguir siendo sujetos protegidos. Asimismo, en septiembre se informó por escrito a las direcciones provinciales del INSS de cómo garantizar la cobertura “sin coste alguno” a estos ciudadanos

El pasado mes de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó, a propuesta de Ciudadanos, una iniciativa para instar al Gobierno a exigir al Ejecutivo bolivariano que cumpla con sus obligaciones y pague estas pensiones y, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria, a garantizar una alternativa a estas personas para recuperar dichas cantidades.
laregioninternacional